Cerramos el año 2022 con una revolución normativa en materia de sostenibilidad en general y de movilidad en particular. El 1 de marzo de 2022 se publicaba el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, y el 27 de diciembre, se aprobaba el Real Decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones en las ciudades.
La Ley de Movilidad Sostenible abría las puertas a nuevos modelos de movilidad en las ciudades, priorizando la movilidad activa, como caminar e ir en bici, y el transporte colectivo. Esta ley abarcaba los grandes retos del siglo XXI en materia de movilidad: la sostenibilidad, la descarbonización, la digitalización y la cohesión social y territorial; y un aspecto especialmente importante para los municipios como era la creación del Sistema Nacional de Movilidad, en el que los Ayuntamientos tendrían un liderazgo especial.
Sin embargo, los aspectos vinculados a la movilidad sostenible en las ciudades siguen evolucionando por normativa y por necesidad, impulsados por diferentes aspectos sociales, económicos y ambientales.
En 2023 se ha empezado a implementar el Real Decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones en las ciudades, medida contemplada dentro de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que define las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) como «el ámbito delimitado por una Administración pública (…) en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero».
Según el Real Decreto, esta medida es aplicable a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados; y establece los requisitos mínimos que deben cumplir estas zonas en aspectos clave como extensión, la delimitación o las condiciones de acceso, aportando seguridad jurídica a particulares y empresas mediante una legislación homogénea en todo el territorio nacional.
La puesta en práctica de las ZBE afecta a ciudadanía y empresas, y requiere de un delicado proceso de consenso, análisis de flujos de tránsito y necesidades de los grupos de interés, junto con la aplicación de datos científicos y proyecciones de datos a futuro.
Si bien a nivel de planificación urbanística y gestión del espacio, la delimitación de las ZBE es un reto, también lo es la planificación de las diferentes opciones de movilidad para la ciudadanía bajo la idea de movilidad como servicio.
En aras de favorecer opciones de movilidad sostenible surge, de un lado, la necesidad de abordar medidas que contribuyan a la renovación del parque móvil sobre la base del principio de neutralidad tecnológica, siendo fundamental en nuestras Islas que se tengan en cuenta sus singularidades. De otro lado, es necesario favorecer una óptima compatibilización del uso del vehículo privado con otras formas de movilidad, facilitando que la ciudadanía tenga acceso a opciones cómodas y económicamente viables, fáciles de utilizar y que le permitan planificar su viaje de principio a fin. La tecnología juega aquí un papel fundamental, así como las opciones de movilidad compartida y micromovilidad.
Esto ha llevado a nuevas ordenanzas municipales que regulan, por ejemplo, el uso de los patinetes o a la inclusión de cláusulas de seguridad vial en las licitaciones públicas de servicios de micromovilidad, que exigen la integración de dispositivos tecnológicos que regulan la velocidad o la posibilidad de las zonas de aparcamiento.
El uso del espacio público también es un reto, ya que a las necesidades actuales de las ciudades se suma la necesidad de tener zonas destinadas a parking de bicicletas o patinetes y zonas de recarga de coches eléctricos.
La planificación urbana influye en la movilidad sostenible y los municipios ya no solamente deben considerar el diseño de calles amigables para peatones y ciclistas, o la delimitación de las zonas de bajas emisiones, si no que la Unión Europea (UE) obligará a partir de 2026 a los países miembro, a instalar cargadores para coches eléctricos cada 60 km en la red básica de carreteras y cada 100 km en la red de vías transeuropeas. Esto proporcionará una mayor capacidad de recarga pública en las calles de las ciudades y en las autopistas de toda Europa, con la necesaria replanificación del espacio público para hacerlo viable.
La implementación de soluciones de movilidad sostenible requiere inversiones considerables en infraestructura y tecnología y, para ello, aprovechar los fondos europeos a los que los municipios tienen acceso es, actualmente, la gran oportunidad para afrontar estos retos.
La colaboración estratégica para dar respuesta a estos y otros retos vinculados a la movilidad sostenible actual y del futuro, es fundamental. Colaboraciones multistakeholders, entre entidades públicas y entre entidades públicas y privadas de diferente naturaleza: que ofrezcan soluciones tecnológicas; que faciliten el diálogo con diferentes interlocutores e involucren a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre la movilidad para diseñar soluciones que se adapten a las necesidades locales; que investiguen y analicen nuevas soluciones; y que localicen soluciones globales a necesidades específicas locales, de cada ciudad, de cada municipio y de cada realidad.
A pesar de todo, si bien hay grandes avances y ciudades españolas líderes en movilidad sostenible a nivel mundial, muchas ciudades de nuestro país carecen todavía de una infraestructura adecuada para garantizar modos de transporte sostenible (carriles para bicicletas seguros, aceras amplias, estaciones de carga para vehículos eléctricos y sistemas de transporte público eficientes) y los sistemas de transporte público a menudo se enfrentan a desafíos como la falta de inversión, la insuficiencia de rutas y la falta de conectividad.
Por supuesto, la implementación de soluciones de movilidad sostenible requiere inversiones considerables en infraestructura y tecnología y, para ello, aprovechar los fondos europeos a los que los municipios tienen acceso es, actualmente, la gran oportunidad para afrontar estos retos.
La ciudad es de la ciudadanía, y siguiendo los pilares de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, hay que asegurar en las ciudades que se garanticen soluciones de movilidad inteligentes, seguras y limpias para todas las personas.
