La Movilidad Sostenible se ha posicionado como una de las soluciones más inmediatas en la lucha contra el cambio climático. Forma parte de estrategias y normativas cuyo objetivo es el control de la temperatura mundial y la reducción de emisiones, como el Pacto Verde Europeo, o la Ley española de cambio climático y transición energética; y un porcentaje de los fondos europeos y subvenciones nacionales, autonómicas o locales están destinadas al fomento del uso de vehículos impulsados por energías limpias, la mejora de las infraestructuras de recarga y el desarrollo tectológico en este campo.
No obstante, si bien el transporte genera el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, la movilidad sostenible no abarca solamente aspectos ambientales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dos millones de personas mueren cada año a causa de la contaminación del aire. Esta contaminación causa más de 400.000 muertes prematuras al año en la UE y genera unos costes sanitarios por importe de hasta 940.000 millones de euros, lo que representa entre el 3% y el 9% del PIB. Así mismo, la OMS estima que en España, la contaminación atmosférica contribuye a la carga de enfermedad con unas 5.800 defunciones anuales. Por lo tanto, la movilidad sostenible es también un tema de Salud Pública.
Además, el acceso a un sistema de transporte es un mecanismo de integración socio laboral, que permite acceder a servicios básicos, facilita el acceso al trabajo, al ocio y la interacción social. Debe ser accesible a toda la población, por lo tanto, la movilidad sostenible es también un derecho social y que debe ser así entendida por la Administración cuya labor debe facilitar su accesibilidad.
Derivado de los factores anteriores, la movilidad sostenible, se ha convertido en un tema transversal a diferentes ámbitos de la política pública y un tema estratégico dentro de los planes de Responsabilidad Corporativa de las grandes empresas y sus cadenas de suministro.
De los programas europeos de impulso a la movilidad sostenible, derivan normativas, ayudas e incentivos a nivel nacional, autonómico y local, con impacto en los ciudadanos y las empresas.
Específicamente, el sector corporativo se ve involucrado en los retos de la movilidad sostenible desde tres perspectivas distintas:
- la movilidad del personal
- la movilidad de sus mercancías
- la oportunidad de negocio derivada de la necesidad del mercado de contar con nuevos productos y servicios vinculados a la movilidad sostenible.
Debemos centrar buena parte de los esfuerzos en facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible, lo que, en el ámbito concreto de la empresa, pasa por diseñar mecanismos e incentivos que sean accesibles para pymes y autónomos.
La movilidad sostenible del personal la están gestionado las grandes empresas a través de planes de movilidad al trabajo, promoviendo el uso del transporte colectivo, la movilidad cero emisiones, la movilidad activa (bicicleta, caminar) y la movilidad compartida o colaborativa, así como el teletrabajo entre otras estrategias. Las acciones que engloban un plan de movilidad sostenible de empresa deben definirse después de realizar un diagnóstico interno que permita conocer las necesidades y hábitos de movilidad de los empleados, para que su implementación se traduzca, no solamente en reducción de emisiones de carbono, sino también en términos de eficiencia del uso del tiempo, satisfacción del personal, mejora de la productividad en el trabajo y conciliación personal y profesional, entre otros.
En cuanto a la movilidad de mercancías, las empresas recurren a diferentes estrategias dependiendo de la zona y longitud de los trayectos. La entrada en vigor del Real decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones condiciona el tipo de movilidad de última milla, que deben usar empresas distribuidoras de, por ejemplo, paquetería o alimentos y bebidas en los centros urbanos de algunas ciudades. La selección de puntos de entrega en comercios locales del barrio reduce los desplazamientos del comercio on line y, en el futuro cercano, los drones complementarán estas entregas. Retos diferentes supone el transporte de mercancías, o pasajeros, en la larga distancia, para lo cual es necesario fortalecer la red de recarga y la migración hacia energías limpias que permitan el recorrido de largas distancias.
Y en la búsqueda de nuevos productos y servicios que impulsen la movilidad sostenible, las empresas centran sus esfuerzos en innovación hacia soluciones rentables, eficientes y seguras: centros de recarga para camiones, baterías con más autonomía, investigación en biocombustibles, soluciones de micromovilidad con sistemas de seguridad vial asociados, aplicaciones que facilitan la interoperabilidad y combinación entre diferentes medios de transporte para un mismo recorrido, etc. Todas ellas soluciones enfocadas en conseguir los objetivos de calidad del aire y reducción de emisiones, así como a evitar la congestión y prevenir los accidentes en los desplazamientos y, en general, facilitar la transición de la movilidad hacia la movilidad limpia y segura.
No olvidemos que dos directivas europeas que obligarán a las empresas a gestionar los impactos derivados de la movilidad de sus empleados y mercancías y las de sus proveedores (Directiva sobre Diligencia debida en materia de sostenibilidad y la propuesta de nueva Directiva de información no financiera).
La movilidad sostenible es ya un tema más, a incluir en toda estrategia de Responsabilidad Corporativa. Es un tema que suma tanto a la gestión ambiental como a la gestión social de la empresa, y para cuyo desarrollo las alianzas con actores públicos y privados y el enfoque participativo en su planificación, son factores de éxito indispensables.
Por ello, debemos centrar buena parte de los esfuerzos en facilitar la transición de la movilidad para que esta pueda ser más sostenible, lo que, en el ámbito concreto de la empresa, pasa por diseñar mecanismos e incentivos que sean accesibles para pymes y autónomos, figuras prioritarias en las que se basa, por ejemplo, el transporte de mercancías y que, generalmente por su mayor carestía de recursos, cuentan con mayores dificultades para la adquisición o sustitución de sus vehículos.