En los últimos años, hemos experimentado cómo el ecosistema de la ciudad ha ido cediendo paso al peatón y a los vehículos de dos ruedas.

Nos familiarizamos con opciones de transporte compartido que se alquila por horas o minutos o con zonas de recarga para vehículos eléctricos; y en los viajes de larga distancia, llegamos al destino final utilizando la guagua, metro o tranvía urbanos, con mismo billete de tren o avión que nos llevó hasta la ciudad principal. A la comodidad de nuestra casa llega, en bicicleta, la comida de los restaurantes, y en los paquetes de nuestras compras online muchas compañías nos informan sobre sus esfuerzos para lograr desplazamientos cero emisiones.

Estos y otros ejemplos de Movilidad Sostenible, contribuyen a la lucha contra el cambio climático (porque evitan emisiones de gases que dañan la capa de ozono), son aliados de la salud pública (al fomentar un aire limpio) y facilitan la conciliación personal (ya que reducen los tiempos de desplazamiento).

Hacer la movilidad más sostenible redunda en una mejora integral de la calidad de vida de las personas, por ello, la Movilidad Sostenible se ha convertido en un tema transversal a diferentes ámbitos de la política pública y un tema estratégico dentro de los planes de Responsabilidad Corporativa de las grandes empresas.

Desde la Unión Europea se activan normativas y programas que impulsan la  movilidad sostenible en sus países miembro, entre los que destacan el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad climática para 2050, y la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente, para impulsar en la UE una movilidad aliada de los objetivos del Pacto Verde Europeo.

La normativa comunitaria vinculada al cambio climático y la movilidad sostenible, permea en el ecosistema nacional, regional y municipal a través de estrategias autonómicas, ordenanzas municipales y ayudas económicas dirigidas a impulsar una movilidad más sostenible, más accesible, más segura y más justa, las cuales a su vez deben atender las necesidades del territorio y responder a los retos que hacen a cada región de España diferente.

En España, la Ley de cambio climático y transición energética (Ley 7/2021), aborda las cuestiones relativas a la movilidad sin emisiones y transporte, y se refuerza con el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (presentado en primera vuelta el 1 de marzo de 2022).

Canarias está haciendo un gran esfuerzo por avanzar junto con el resto de Europa, a la vez que defiende las singularidades de las Islas y su condición de región ultraperiférica. La Unión Europea ha reconocido también estas especificidades, derivadas de la lejanía de las islas y el sobrecoste de la producción energética, ya que en regiones como Canarias “el sector energético se caracteriza por el aislamiento, el suministro limitado y la dependencia de los combustibles fósiles, mientras que dichas regiones se benefician de importantes fuentes locales de energía renovable” (Directiva (UE) 2018/2001).

La población de Canarias supera los 2 millones de habitantes, y sus atractivos turísticos atraen al año a más de 15 millones de turistas, los cuales requieren de soluciones de movilidad que recargan las vías de comunicación del Archipiélago. Por otra parte, hay que tener en cuenta a la hora de planificar la movilidad, los aspectos intrínsecos a la propia orografía del entorno, la fragmentación del territorio y la dispersión de la población, retos a considerar en la planificación de alternativas de formas de transporte eficientes, limpias y seguras.

En 2020, el Consejo del Gobierno de Canarias aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, en el cual se contempla, entre otros preceptos, la integración del Cambio Climático en las Políticas Territoriales y Sectoriales del Archipiélago y la promoción del transporte y la movilidad sostenible. En este sentido, resulta necesario que en el texto final que sea refrendado por el Parlamento de Canarias, sean recogidas medidas concretas que sirvan de impulso y faciliten una transición gradual del modelo económico de nuestro territorio hacia uno más competitivo y resiliente, y por tanto, más sostenible en el largo plazo, y en el que resultará imperativo que todos sus preceptos se acomoden a la legislación básica en política medioambiental y energética, tanto a escala nacional, como europea, y que no se excedan a ella.

Todo ello, en aras de establecer un marco de actuación que contribuya al desarrollo de proyectos innovadores que ayuden a la descarbonización de nuestra economía, alineados con las líneas estratégicas marcadas por la Comisión Europea y su Plan de recuperación y que permita propiciar una transición justa y equitativa, que ponga a las personas y al medioambiente en el centro de las cosas, y que esto sea un objetivo común para todos. Especialmente en territorios como Canarias, cuyas singularidades requieren que su descarbonización se adapte a sus retos particulares, y en donde resultará crucial saber aprovechar las relevantes oportunidades de inversión, de creación de empleo y de reducción del coste energético para las familias y empresas que la transición energética pudiera plantear.

Por otra parte, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 incluye metas muy concretas en cuanto a movilidad sostenible se refiere:

• Ampliar el número de personas que acceden al transporte público en todas las islas, desarrollando Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y prestando especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión y/o pobreza, personas con discapacidad y movilidad reducida (Meta 11.2.1.)
• Implementar una estrategia integral de digitalización del transporte, que favorezca la correcta gestión de los datos y el desarrollo de plataformas y rutas inteligentes, y un modelo de movilidad sostenible e inclusiva (Meta 11.2.2.)
• Implementar una estrategia que promueva un sistema de transporte medioambientalmente sostenible que reduzca su huella ambiental y en el territorio (Meta 11.2.3.)
• Mejorar la seguridad vial en Canarias, en especial en las grandes ciudades con mayor tráfico rodado (Meta 11.2.4.)
• Fomentar la consolidación de un sistema transporte insular e interinsular resiliente, asequible y accesible para todas las personas del archipiélago canario (Meta 11.2.5.)

Por otro lado, para impulsar los avances en estas materias, el pasado año se lanzó el plan MOVES III, (Real Decreto 266/2021), por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas, además de las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, para la ejecución de programas de incentivos para la adquisición de Vehículos de Energías Alternativas (VEA) y la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. En lo que atañe a Canarias, la distribución y reparto de las ayudas directas al sector privado incluidas dentro de ese plan, fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias, nº 144, de 14 de julio de 2021, con el que se dio inicio al procedimiento y la convocatoria correspondiente, con un importe de 15,8 millones de euros.

Podría afirmarse que el sector privado empresarial de Canarias está realizando importantes esfuerzos e inversiones para migrar sus flotas a soluciones limpias y por planificar alternativas de movilidad para sus empleados y operaciones buscando rutas más eficientes y que reduzcan, en todo lo posible, sus emisiones a cero.  Estos son pasos que parece apuntar a que en el Archipiélago andamos hacia la dirección correcta y que existe un compromiso firme por transitar hacia una ruta que permitirá conciliar los intereses ambientales con los retos sociales y el crecimiento económico de nuestro territorio.

Gracias a los esfuerzos compartidos que se están realizando, en lo que a movilidad sostenible se refiere, Canarias ha conseguido estar en condiciones de cuadriplicar la cifra actual de puntos de recarga eléctrica con 1.150 nuevos y llegar, de este modo, al 16% del objetivo previsto para 2030, convirtiendo de manera paulatina a nuestras Islas en un territorio 100% habilitado para la movilidad eléctrica.

Sin embargo, no debemos olvidar que para la consecución de tan importante fin adquiere especial relevancia que todas las medidas que se implementen caminen al abrigo de mayores y mejores mecanismos de incentivo y programas de sensibilización, evitando otras que puedan suponer una penalización o sobrecarga de mayores obligaciones a las que ya están sujetas las empresas para el desarrollo de su actividad, y que no harían más que dificultar la supervivencia de muchas de nuestras empresas y del mantenimiento del empleo que generan.