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12 Abr, 2022

Retos y oportunidades de la descarbonización para las empresas canarias

Las condiciones geográficas y de clima de las Islas Canarias las convierten en un territorio con una vulnerabilidad energética muy superior a la del resto de España y Europa.

En las dos últimas décadas, Canarias ha apostado por la diversificación energética basada en energías renovables y la consideración de la protección del medio ambiente como un criterio transversal en las decisiones de planificación energéticas del Archipiélago. Para ello, a lo largo del tiempo, el Gobierno de Canarias ha elaborado diferentes documentos de planificación energética, desde el primero, que data de 1986, hasta el Plan de Transición Energética de Canaria (PTECan) 2021-2030, publicado hace tan solo unos meses.

Los objetivos del plan actual giran en torno al fomento del uso racional de la energía, el impulso máximo de fuentes renovables, sobre todo sol y viento, la aplicación de criterios de impacto ambiental y el acceso de la energía a toda la población.

Estos objetivos giran principalmente en torno a los ODS 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE y 13 ACCIÓN POR EL CLIMA. Y también tienen relación con tres ODS más:

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El impacto de las empresas puede ser alto por su gran capacidad tractora y de transformación, para lo que sería necesario activar palancas que motiven e incentiven esta evolución hacia la carbono neutralidad.

Según los datos reflejados en el Anuario Energético de Canarias 2020 de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (para cuya redacción se han utilizado los datos disponibles a 31 de diciembre de 2021), el fuel oíl ha sido tradicionalmente el combustible mayoritariamente utilizado en el Archipiélago, si bien el gasoil ha ido cobrando cada vez más protagonismo alcanzando en el 2020 el 50,9% del total de entregas al sector eléctrico. Respecto al uso de energías renovables, en 2020, las tecnologías en las que se produjo un incremento de potencia renovable instalada fueron la eólica con un 10,6%, la fotovoltaica con un 6,5% y la biomasa con un 1,36% respecto a las cifras publicadas para el año 2019.

La mayor parte de la demanda energética del Archipiélago corresponde al sector del transporte (en sus tres modalidades: terrestre, aéreo y marítimo), que consume el 67,82% de la energía final, siendo el transporte terrestre el más relevante con un porcentaje del 64,4% en el año 2019 sobre el total de emisiones del sector.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior, la configuración del parque automovilístico de Canarias a 31 de diciembre de 2020, contaba con el 66,3% de vehículos de gasolina, el 33,3% de vehículos de gasoil y el 0,4% correspondiente a vehículos de otro tipo de combustibles. Según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Canarias registró para esa fecha un total de 3806 vehículos eléctricos en circulación.

A las emisiones del transporte y la generación de energía eléctrica, hay que sumarle otras vinculadas con la gestión de residuos, tratamiento de aguas residuales, el sector de la construcción, entre otros.

La descarbonización es ya una obligación debido a los objetivos marcados por Europa para ser el primer continente neutro a nivel mundial. Compromisos reflejados en el Pacto Verde Europeo y secundados a nivel nacional con la Ley Española de Cambio Climático y Transición Energética. Antes del año 2050 tendremos que convertirnos en una sociedad neutra en carbono y ello implica una gran transformación de todos los sectores y de nuestra forma de hacer las cosas.

En este reto a medio plazo, el impacto de las empresas puede ser alto por su gran capacidad tractora y de transformación, para lo que sería necesario activar palancas que motiven e incentiven esta evolución hacia la carbono neutralidad y haga sostenible dicho proceso, bajo la premisa de no dejar a nadie atrás. De entre dichas palancas destacan principalmente la mejora de los costes energéticos y la posibilidad de realizar una mejor gestión de los riesgos vinculados con el uso de energías fósiles y de oportunidades derivadas de las energías renovables.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la obligatoriedad de realizar Informes no Financieros a las empresas con más de 250 empleados, entidades de interés público o con un total de activos mayor a 20.000.000 de euros, pone en evidencia frente a todos los grupos de interés, la proactividad o no de acciones responsables en esta línea y permiten medir el desempeño de las acciones implementadas.

Estos reportes son cada vez más importantes como elemento de análisis para los actores financieros a la hora de valorar el acceso a financiación. También implica que muchas de las empresas que deban responder a estos requisitos, incluirán en sus políticas de compras y proveedores criterios de sostenibilidad que influirán en la selección de aquellas empresas proveedoras que faciliten servicios con un menor impacto en la capa de ozono.

¿Qué acciones pueden realizar las empresas canarias para contribuir al
Plan Energético de Canarias y alinearse con la normativa nacional y
europea en materia de descarbonización y cambio climático?

Lo primero y más evidente es fomentar el uso de energías renovables, y existe una gran oportunidad en el Archipiélago para el autoabastecimiento a partir de energía solar. Tal es el caso de la empresa tinerfeña E-WASTE, única planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que existe en la Comunidad Autónoma de Canarias y que utiliza energías renovables para el 100% de su operación.

Dado el gran impacto del sector transporte en la generación de emisiones, las acciones en torno al fomento de la movilidad sostenible de personas y mercancías resultan también una prioridad. Ejemplo de acciones de impulso de la movilidad sostenible es la empresa familiar Domingo Alonso, la cual pone a disposición de la población soluciones de movilidad compartida para empresas y particulares tales como scooters 100% eléctricas, servicios flexibles de renting de vehículos de uso individual y flotas de transporte, y servicios de carsharing que permiten el uso de vehículos eléctricos de pago por tiempo de uso.

Estas iniciativas privadas se potencian con acciones de la administración pública. Ejemplo de ello es la empresa municipal de aparcamiento de Las Palmas de Gran Canaria (SAGULPA), desde donde se facilita la inscripción para optar al uso de estacionamiento en zona azul y zona verde a los usuarios de vehículos eléctricos y fomenta el traslado en bicicleta a través del servicio de alquiler de bicicletas Sícycleta.

En otra escala, también existen acciones que promueven la movilidad sostenible y que dependen de decisiones logísticas y de organización, tales como fomentar el traslado al trabajo en coches compartidos o en servicios de lanzaderas para varios empleados, facilitar el uso del transporte público y los horarios flexibles de entrada y salida que permiten evitar las horas pico de mayor tráfico. Priorizar servicios de transporte de mercancías o paquetes cero emisiones es otra opción.

Para muchas de estas acciones es necesario tener acceso a la tecnología a través de apoyo económico público y facilidades de financiamiento privado. Además, es importante la difusión del conocimiento a través de buenas prácticas de empresas con más experiencia, que inspiran el cambio, y el reconocimiento público para las organizaciones con resultados positivos comprobables.

Al respecto, actualmente las empresas que gestionan su huella de carbono pueden registrarla oficialmente ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un registro de carácter voluntario, que recoge los esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad y ofrece una cartera de proyectos forestales con los que dichas organizaciones pueden compensar su huella. En el archipiélago existen otros reconocimientos, como los Premios Canarias de Economía Sostenible, de la Fundación La Caja de Canarias y CaixaBank, en alianza con la Confederación Canaria de Empresarios y otras organizaciones, y que buscan reconocer las iniciativas que hayan destacado durante el año por su contribución a la lucha contra el cambio climático, la defensa de la biodiversidad o la implantación de la economía circular en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias.

Gobiernos y empresas deben cooperar en el camino hacia la carbono neutralidad y, para ello, es necesario un marco legislativo y regulatorio estable, una apuesta financiera bien adecuada a las necesidades reales de empresas y ciudadanía, y que el compromiso real de las organizaciones se ponga en valor ante la sociedad en su conjunto. Las oportunidades derivadas alcanzan aspectos ambientales (lucha contra el cambio climático y protección de los ecosistemas y su biodiversidad), laborales (nuevos empleos y posibilidad de atraer a mejores empleados), de salud pública (mejor calidad del aire que respiramos), económicos (ahorro en costes) y reputacionales (mejora de imagen y reconocimiento público).

Debe ser un camino compartido y en alianza, donde los beneficios de todas las partes estén identificados.